Los recientes actos de violencia protagonizados por integrantes de la Comunidad Campesina de Huaripampa contra las instalaciones de la compañía minera Antamina han dejado un saldo nefasto para la economía regional, que según cifras preliminares, estaría alrededor de los 20 millones de soles, pero sobre todo escribe un mensaje de barbarie que no puede pasar desapercibido. La quema de vehículos de propiedad de empresas locales no solo representa un ataque irracional contra el capital privado, sino un golpe directo contra los propios trabajadores y familias que dependen de estas fuentes de empleo.
Particularmente graves son los daños ocasionados a los comuneros de Juprog, quienes a través de su empresa comunal han venido prestando servicios de alquiler de maquinaria pesada a Antamina. Estos equipos, fruto del esfuerzo colectivo, representan una oportunidad de desarrollo para la comunidad. Su destrucción, bajo la bandera de una supuesta “lucha comunal”, constituye en realidad un acto de autodestrucción, pues son los mismos pobladores quienes verán truncadas sus posibilidades de trabajo y progreso.
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