#LeoncioPrado: La Fiscalía Ambiental logró la condena de ocho personas implicadas en actividades de minería ilegal mecanizada en el cauce del río Magdalena, en el caserío Alto de Alianza, distrito de José Crespo y Castillo, provincia de Leoncio Prado.La intervención se realizó el 15 de enero de 2026, durante un patrullaje preventivo de la Policía Nacional. En la zona, las autoridades encontraron una excavadora Komatsu, motobombas conectadas a mangueras de succión, una estructura metálica para procesar material aurífero y campamentos rústicos equipados con paneles solares y generadores eléctricos.
Cinco años de prisión suspendida para seis implicadosDennis Meléndez (34) fue condenado a cinco años de prisión suspendida, 187 días multa equivalentes a S/ 1,557.71 y al pago de S/ 15,000 de reparación civil.
Leonel Pinares (40) recibió cinco años de prisión suspendida, 187 días multa equivalentes a S/ 2,805 y S/ 10,000 de reparación civil.
Wilber Montalvo (45) fue condenado a cinco años de prisión suspendida, 187 días multa equivalentes a S/ 1,557.71 y S/ 5,000 de reparación civil.
Jimi Sánchez (34) recibió cinco años de prisión suspendida, 187 días multa equivalentes a S/ 2,805 y S/ 5,000 de reparación civil.
Santiago Venegas (39) fue condenado a cinco años de prisión suspendida, 187 días multa equivalentes a S/ 1,596.98 y S/ 5,000 de reparación civil.
Cristian Moreno (25) recibió cinco años de prisión suspendida, 175 días multa equivalentes a S/ 1,312.50 y S/ 5,000 de reparación civil.
Paola Retis (22) fue condenada a cinco años de prisión suspendida, 175 días multa equivalentes a S/ 1,457.75 y S/ 5,000 de reparación civil.
Adrián Ríos (21) recibió cuatro años de prisión suspendida, por responsabilidad restringida debido a su edad, 175 días multa equivalentes a S/ 1,312.50 y S/ 5,000 de reparación civil.
S/ 55,000 de reparación civil para el EstadoLas ocho personas deberán cumplir un periodo de prueba de dos años y seis meses, además de las reglas de conducta impuestas por el juzgado, entre ellas no frecuentar zonas vinculadas a la minería ilegal y someterse al control biométrico.
La condena fue posible mediante la aprobación de un acuerdo de terminación anticipada gestionado por la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Leoncio Prado, bajo la dirección del fiscal provincial Noé Humberto García Vera.
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