Foto: Victor Ambicho Ramirez
Despues de casi diez años, el Juzgado Civil del distrito de José Crespo y Castillo, con sede en Aucayacu, declaró fundada en parte la demanda de desalojo por ocupación precaria presentada por la Municipalidad Distrital de José Crespo y Castillo contra un grupo de ocupantes de terrenos ubicados en la primera cuadra de la avenida Lima, sector Sarita Colonia, dentro del predio del Estadio Municipal.
Mediante la Sentencia N.° 033-2026, correspondiente a la Resolución N.° 55, de fecha 20 de octubre de 2026, el juez Orlandines Berrios Cristóbal dispuso que siete demandados restituyan a la municipalidad las áreas que ocupan, al determinarse que dichos espacios se encuentran dentro del terreno municipal afectado del Estadio Municipal y que no cuentan con un título vigente que justifique su permanencia.
Según la resolución judicial, los terrenos involucrados forman parte de un predio de 34,610.20 metros cuadrados. Luego de una inspección judicial y una evaluación pericial, se identificaron las áreas que corresponden a cada ocupante, estableciéndose un total de 994.44 metros cuadrados que deberán ser restituidos.
Los siete demandados comprendidos en la sentencia son: Mery Saldaña Silva, Silvia Meza Leandro, Margina Leandro Quispe, Anastacio Ramos Castillo, Liz Selith Cubas Jiménez, Hugo Torres Niño y Jorge Wildon Peña Miranda.
El juzgado precisó que la restitución comprende únicamente las superficies delimitadas en los planos periciales, sin extender la orden a terrenos ubicados fuera del predio materia del proceso.
Asimismo, la sentencia declaró infundada la demanda respecto de otros seis demandados: Neri Orlando Alcántara Torres, Rosa Elvira Guerra Yance de Torres, Teodoro Bautista Calixto, María Felicita Arias Ayquip a, Lister Fares Polinar Arostegui y Luis Kanashiro Tuanama, debido a que no se acreditó suficientemente que las áreas que ocupaban formaran parte del terreno reclamado por la municipalidad o que estuvieran vinculadas a ellos en los términos exigidos por el proceso.
Finalmente, el juzgado estableció que, una vez que la sentencia quede consentida o ejecutoriada y se emita el mandato de cumplimiento, los siete demandados comprendidos en la decisión tendrán un plazo de seis días para restituir las áreas señaladas, bajo apercibimiento de lanzamiento judicial.
La decisión no dispone un desalojo inmediato, pues su ejecución está condicionada a que la sentencia quede firme conforme a lo establecido en la propia resolución.

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